Abogado para víctimas de estafas de criptomonedas en Canarias

La primera consulta en el despacho cuesta 50€ (a abonar en efectivo). Revisamos contigo todo lo que tengas: conversaciones, capturas de la plataforma, transferencias bancarias, hashes de transacción y direcciones blockchain. Hacemos un análisis preliminar honesto de viabilidad — qué se puede hacer, qué no se puede prometer, qué probabilidad real hay de trazar fondos en función de la antigüedad y el destino. Si decides continuar, acordamos honorarios por escrito antes de iniciar nada.

Lo primero, en serio: la recuperación efectiva del dinero en estafas cripto es limitada y nunca está garantizada. Cualquiera que te prometa recuperarlo todo, miente. Lo que sí se puede hacer, y lo que hacemos, es: iniciar la vía penal con denuncia o querella, trazar los fondos en blockchain hasta el último destino conocido, coordinar con las Fuerzas de Seguridad y, si los fondos llegan a un exchange centralizado en la UE, solicitar bloqueo cautelar. En paralelo, abrir reclamación civil contra responsables identificados y, cuando proceda, contra entidades bancarias por incumplimiento de obligaciones de prevención de blanqueo. El éxito real depende sobre todo de la rapidez con la que actuemos y de si los fondos siguen siendo trazables.

El pig butchering («matanza del cerdo») es una estafa de larga duración. El estafador construye una relación personal o sentimental con la víctima durante semanas o meses (apps de citas, redes sociales, WhatsApp, Telegram), genera confianza y luego la introduce en una supuesta plataforma de inversión cripto donde aparecen ganancias falsas en pantalla. Cuando intentas retirar el dinero, te exigen pagar «impuestos» o «comisiones» previas — y todo desaparece. Las señales que mejor lo delatan: contacto que evita la videollamada en directo, plataforma desconocida sin licencia de la CNMV, presión para ir invirtiendo más, y retiradas siempre bloqueadas con un nuevo pago previo de por medio.

Sí. Que los autores estén fuera complica la persecución, pero no la inutiliza — al contrario, la denuncia o querella en España es imprescindible para activar la vía penal, registrar oficialmente los hechos y permitir que las Fuerzas de Seguridad coordinen con Europol e Interpol. También es necesaria para fundamentar las reclamaciones civiles contra entidades españolas que hayan podido facilitar la operación (bancos de origen, exchanges con sede en la UE). Sin denuncia, ninguna otra vía es viable.

Todo, sin filtrar y sin editar: capturas de las conversaciones, URL de la plataforma, capturas de las pantallas con saldos y operaciones, justificantes bancarios de cada transferencia y de cada compra de cripto, hashes de transacción (TXIDs) y direcciones de destino, contactos del supuesto «asesor» o «broker», y cualquier documento que te hayan enviado (contratos, certificados falsos, comunicaciones oficiales aparentes). Cuanto antes lo recopiles, más fuerte será la denuncia y más viable la trazabilidad blockchain.

No pagas. Bajo ningún concepto. Cualquier petición posterior de «impuestos», «comisiones», «liberación de fondos» o «verificación KYC con un nuevo depósito» es la última fase de la estafa — o un nuevo intento de doble victimización. Es muy común que, después de la primera estafa, contacten «falsos recuperadores» (haciéndose pasar por abogados, peritos blockchain o reguladores) que prometen recobrar el dinero a cambio de un anticipo. Es la misma red repitiendo el ciclo. La regla es simple: ningún profesional serio cobra por adelantado promesas de recuperación. No pagas más, formalizas denuncia y consultas con un abogado real.